VIVIENDA. Más de 2 millones sin casa y campamentos al alza

Según cifras formales, el déficit habitacional es de más de 730 mil viviendas en Chile. Los campamentos se elevaron a 802 y hay 47 mil hogares en zonas de riesgo. “Radicalidad neoliberal y mercantil” se metió hace años en el tema de la vivienda.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 18/06/2021. Según informes de Cámara Chilena de la Construcción, en coincidencia con otros estudios, en Chile hay dos millones 500 mil personas sin casa, llegando el déficit habitacional a más de 730 mil viviendas. Lo peor es que en vez de bajar, sube la falta de una casa. Se había registrado un aumento del 13% desde 2015 a 2017. Hay datos que apuntan a que urge construir 393.613 viviendas en todo el territorio nacional. De acuerdo a cifras del sector público y privado, en los segmentos de familias de menores ingresos, el déficit habitacional aumentó 10% entre 2015 y 2017.

Al mismo tiempo, en el país se registra un aumento de campamentos de familias sin casa, llegando a 802 a lo largo de la franja territorial chilena, donde viven decenas de miles de personas, de todas las edades. Existen en Chile 47 mil hogares en zonas de riesgo.

Esto, en un marco de aumento de la pobreza en medio de la crisis sanitaria y social, con elevación del desempleo y el congelamiento o falta de ingresos de las y los trabajadores. Entre empleo formal e informal, porcentajes de cesantía y estudios oficiales y de centros y fundaciones dedicadas al tema, análisis de economistas, en Chile hay al menos 3 millones de asalariados sin acceso a un trabajo legal y remunerado. Esto impacta en la situación habitacional de millones de familias.

Expertos en el tema de vivienda señalan que hay factores estructurales, de fondo, que llevan a esta situación, sumado a deficientes políticas públicas y la supremacía del sector empresarial en la construcción y el negocio inmobiliario, donde no hay una intención de resolver el acceso a una vivienda, sino de lucrar en este sector. Las políticas públicas de muchas décadas, fueron insuficientes.

Por lo demás, desde las políticas habitacionales implementadas durante la dictadura, con un Ministro de la Vivienda que declaró “¿quién dijo que la vivienda es un derecho?”, el concepto de “vivienda social” desapareció de escena y se instaló el de “mercado de la vivienda”.

Con ello, la construcción y acceso a una casa o departamento se convirtió en una carrera de millones de chilenas y chilenos lidiando con inmobiliarias, empresas constructoras y bancos (créditos o préstamos hipotecarios). El camino del subsidio estatal se hizo más limitado y engorroso.

“Radicalidad neoliberal y mercantil, más que una política de vivienda”

En un artículo publicado en Le Monde Diplomatique Chile, Claudio Pulgar-Pinaud, doctor en estudio urbanos, precisó que “la política subsidiaria de vivienda en Chile, instalada e impulsada por la dictadura, exportada al mundo por los Chicago Boys, única por su radicalidad neoliberal y mercantil, más que una política de vivienda, habría que comprenderla como un mecanismo financiero de apoyo al sector privado de la construcción”.

Todo esto ha pasado, entre otras cosas, por viviendas del sector público de pésima calidad y bajo estándares internacionales respecto a espacio y condiciones de calidad de vida, apropiación y uso mercantilista del suelo, planos reguladores hechos a la medida del empresariado inmobiliario, con una buena dosis de corrupción e irregularidades en que durante años se vieron involucrados empresarios de la construcción, contratistas, inmobiliarias, municipios, alcaldes y agentes financieros.

Pulgar-Pinaud planteó en su artículo que “un fenómeno reciente es el fuerte aumento de los precios de los arriendos y de la compra-venta de las viviendas privadas (cabe recordar que en Chile, las viviendas sociales ‘entran’ al mercado privado luego de sólo 5 años), debido a que el sector inmobiliario se ha transformado en un campo atractivo de grandes inversionistas, poniendo en conflicto el valor de uso (el habitar y la reproducción de la vida) versus el valor de cambio (la vivienda y el suelo como meras mercancías). Este proceso se ha acentuado con la financiarización de las viviendas, a través de inversiones completamente desreguladas de las compañías de seguro, de los fondos de pensión (nacionales e internacionales), los bancos, las Isapres y diversos grupos económicos, que se dedican a especular con un parque de viviendas cada vez más transformado en producto bursátil o ‘commodites’, como los famosos ‘guettos verticales’, mientras al mismo tiempo las cifras de familias en campamentos explotan, 74% de aumento entre 2019 y 2021”.

Hay que considerar que varios millones de personas en el país viven con precariedades en cuanto a vivienda: de mala calidad, sin los espacios y entornos adecuados, con alta deuda hipotecaria, altos costos de servicios en las casas, con hacinamiento e inadecuadas condiciones sanitarias y de higiene, altos precios en arriendos, y el fenómeno de los allegados.

47 mil familias en campamentos

En este cuadro general es que se produce la instalación de los campamentos, expandidos por todas las regiones del país. Según cifras formales, aumentó en dos mil y tres mil el número de familias que arman campamentos, llegando a los 802 en todo el país. En 2011 eran 27 mil familias, y en 2019, 47 mil familias. Un 85% de familias que van a vivir a campamentos, provienen de una pésima condición como arrendatarios o allegados. Una encuesta CASEN, estableció que un 6,5% de las viviendas presentan algún grado de hacinamiento. En menos de una década, en todo el territorio nacional se instalaron al menos 145 campamentos nuevos, sumados a los 657 ya existentes al 2011.

El 72.6% (583) de estos asentamientos irregulares se encuentra en zonas urbanas de varias regiones. Un 20.9% en área rurales y un 6.4% en “zonas mixtas”. Según un estudio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, un 22% de viviendas en los campamentos no cuenta con sistema de agua potable.

Solo un 50% de quienes viven en campamentos tienen empleo formal y un 39% no cuenta con contrato de trabajo o está en la informalidad. Es probable que durante estos meses de pandemia por el nuevo coronavirus esos porcentajes hayan empeorado.

Se instala el drama de la falta de vivienda, en medio de la pobreza

En definitiva, detrás del drama de la falta de vivienda está el de la pobreza. En un país donde alrededor del 60% de los asalariados tienen sueldos que no pasan de los 500 mil pesos, y donde las posibilidades a acceder a una casa están fuertemente limitadas para sectores pobres, con políticas públicas ineficientes.

Oficialmente, en Chile hay más de un millón 500 mil personas, un 8,6% de la población, que viven bajo la línea de la pobreza y un 20,7% se encuentra en situación de pobreza multidimensional. Pero si se usaran otros parámetros de medición, economistas y expertos apuntan a que la pobreza real estaría entre el 30 y el 40 por ciento de la población.

Hay factores de alta intensidad social, como que haya personas o familias que ocupan el 40 o 50 por ciento de sus sueldos para pagar arriendos o deudas hipotecarias, en otro drama de la desigualdad existente en el país. Muchos viven hacinados, los allegados llegan a cientos de miles, y las malas condiciones de las piezas, casas o departamentos es algo conocido y extendido. Suelen registrarse episodios de incendios con consecuencia inclusive de muertes.

La falta de vivienda, el hacinamiento, el fenómeno de los allegados, los campamentos, las malas condiciones de los espacios, se agravan y potencian en este marco de crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19. Hay que agregar los costos de servicios esenciales, que son altos y que generan otro flanco de deudas en las familias.

En un reportaje de la Revista Palabra Pública, el geógrafo Juan Correa, sostuvo que “los temas urbanos y de salud no aparecieron en la primera línea de las demandas durante la crisis social, pero ahora la pandemia dejó al desnudo estas desigualdades estructurales. La vivienda tiene mucho que decir sobre tu vulnerabilidad espacial de cara al Covid-19. Lo más seguro es que el nuevo discurso del gobierno, de volver a la normalidad, a los trabajos, a las clases, hará que el virus se expanda porque ni siquiera ha llegado a su peak. Es urgente identificar aquellos sectores de la población en los que el virus puede ser más desastroso, y la vivienda es clave”. Añadió que “a mayor hacinamiento, más concentración de personas, y, por ende, más contacto, por lo que el contagio será más probable”. En un país donde alrededor del 8% de las viviendas está vinculado al hacinamiento.

Realidades que llegan al Parlamento, donde se escuchan frases como “hay que instalar la vivienda como un derecho social”, “el Estado debe enfrentar y solucionar el déficit de vivienda a nivel nacional”, “estamos frente a un estallido habitacional”, “hay que tener un sentido de urgencia”. Se producen episodios como que emanó un proyecto de acuerdo en el Senado en que se solicitó al Presidente de la República que “a través de sus ministerios competentes; impulsen todas las medidas reglamentarias, administrativas y legislativas que permitan concretar un amplio consenso político y social para avanzar hacia la erradicación de los campamentos en nuestro país”.

Y se llamó a “convocar a todos los actores de la sociedad civil desde la academia a la organización social, generando las instancias participativas que permitan tomar todas las decisiones para atender con prontitud las necesidades habitacionales que enfrentan y sufren cientos de miles de hogares en el país. Potenciar los programas habitacionales destinados a la construcción y adquisición de vivienda definitiva por parte de las familias más vulnerables”.

El tema es que, según los expertos, mientras no existan cambios estructurales respecto a las políticas públicas de vivienda, auténtica inversión y solución de parte del Estado, regulaciones y fiscalizaciones sobre los agentes empresariales y privados, asignaciones de subsidios en un marco de eficacia, e imponer el criterio de la vivienda como en derecho social por encima de un criterio de mercado, es difícil que se avance a pesar de declaraciones como la surgida en el Parlamento.

Ahora está en la mira las propuestas de las y los candidatos presidenciales en cuanto a vivienda, pero una primera revisión permitió constatar que solo dos hicieron alusión al tema en sus programas o planteamientos.

Mientras tanto, más de dos millones de chilenas y chilenos esperan por una vivienda y otros millones más esperan por el fin del hacinamiento, los allegados, los altos costos y la mejora en la calidad de vida.

 

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