Lenín Moreno dio municiones al régimen de Añez

Envío de granadas, proyectiles y gases lacrimógenos para reprimir y masacrar a los bolivianos que resistían el golpe de Estado.

Roberto Medina Buezo. “Ahora. El Pueblo”. La Paz. 06/2021.  Después del golpe de Estado de noviembre de 2019, Ecuador, presidido en ese momento por el Lenín Moreno, envió a Bolivia granadas y proyectiles en calidad de préstamo, en el marco de un acuerdo de cooperación con la gestión golpista, denunció el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

En la misma línea del Plan Cóndor, aplicado en la década del 70 por gobiernos dictatoriales para ejecutar represión política y terrorismo de Estado, el expresidente de Ecuador Lenín Moreno cooperó a finales de 2019 con el gobierno de facto de Jeanine Añez con el envío de granadas, proyectiles y gases lacrimógenos para reprimir y masacrar a los bolivianos que resistían el golpe de Estado.

El 14 de noviembre de 2019, dos días después de que Jeanine Añez se autoproclamó presidenta de Bolivia, hubo una reunión del gabinete ministerial, calificado como ‘gabinete de la muerte’ por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, debido a que se aprobó el Decreto Supremo 4078.

El artículo 3 de esa norma indicaba que el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estaría exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con los artículos 11 y 12 del Código Penal, Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal.

“Ese decreto fue usado y aprobado en el gabinete para reprimir con base al principio de cooperación regional para la represión, porque al día siguiente de ese gabinete ocurrió la masacre de Sacaba (Cochabamba), donde se perdieron decenas de vidas y hubo más de 120 heridos”, indicó ayer en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

En dicho gabinete estaban los ministros de Añez y los entonces comandantes de la Policía y Fuerzas Armadas.

Añez les consultó a los uniformados si existían los suficientes elementos para reprimir a los manifestantes y ambos le aseguraron que no había para “seguir combatiendo a las hordas”.

Ante esta respuesta, la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, abandonó la reunión y luego de 15 minutos retornó y les dijo a los asistentes que había conseguido todo lo que se buscaba, y les consultó a los ministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, de Gobierno y Defensa, respectivamente, cuánta cantidad requerían.

Al parecer, Lizárraga se comunicó, vía teléfono, con alguien que le confirmó que Ecuador podría proporcionar lo que se requería.

“Abandonaron ese gabinete los comandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizárraga para determinar las cifras que necesitaban”, explicó.

Solicitud a Ecuador

Ese día, Bolivia solicitó mediante nota formal a Ecuador un permiso para el sobrevuelo de un avión Hércules C-130 sobre su espacio aéreo.

José Luis Frías Cordero, agregado de defensa y militar de Bolivia en Ecuador, se comunicó con el general Iván Inchauste, comandante general del Ejército y dispuso que el 16 de noviembre el avión se traslade a Ecuador para traer proyectiles y granadas.

El sábado 16 de noviembre partió el avión de Bolivia rumbo a Ecuador para traer el material a espaldas del pueblo boliviano.

Entre tanto, el jefe de gabinete de Arturo Murillo, Sergio Méndez, le envió un mensaje de Whatsapp a Brayan Berkman, representante de Bravo Tactical Solutions (BTS) y le dijo que la adquisición de gases lacrimógenos para Bolivia sólo sería a través de su empresa.

“Mientras Ecuador enviaba granadas y proyectiles para reprimir, de manera paralela los miembros del clan mafioso (López y Murillo, entre varios) elaboraban el plan para robarle al país porque usaron esa empresa para comprar el material de la brasileña Cóndor. Con ese negociado robaron $us 2,3 millones al Estado”, dijo.

José Luis Frías, quien ya declaró ante la justicia boliviana, embarcó las granadas y proyectiles.

Frías era parte del Ministerio de Defensa y dijo que se debería devolver los armamentos que entregó Ecuador, en tanto que el ministro de Defensa Luis Fernando López no cumplió con la Ley 400 sobre el control de armas, municiones y explosivos; porque no tramitó la autorización para el tránsito de dicho material en territorio nacional.

“El 19 de noviembre ocurrió la masacre de Senkata, donde se perdieron vidas, posterior a que Ecuador envió las granadas, gases y proyectiles; y el 26 de noviembre, Sergio Zamora, director administrativo del Ministerio de Gobierno, le envió una nota a la empresa brasileña Cóndor manifestando que Bolivia adquiriría el armamento no letal sólo a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions. Esa gente no sólo quería utilizar gases y demás armamento para reprimir, sino que trabajaba para saquear los recursos del país”, manifestó.

Distribución del material

De acuerdo con información proveniente del exterior, se evidenció que Ecuador compró su armamento no letal también a Cóndor y que pagó $us 12 por cada gas, mientras que en Bolivia se canceló alrededor de $us 37 por unidad.

El 16 de diciembre, el agregado de Defensa de Bolivia en Ecuador solicitó al director general de logística de la Policía de Ecuador que le explique el proceso para devolver las granadas y proyectiles.

“Hay un acta de entrega y recepción del material de Ecuador a Bolivia, entonces estos elementos ingresaron al territorio nacional, de eso no hay duda y el 27 de mayo de 2020 el comandante de la Policía de Ecuador solicitó a Bolivia que se devuelvan los proyectiles y granadas entregadas en noviembre de 2019. Medio año después no se devolvieron esos materiales”, manifestó.

Plan Cóndor 2.0

El Plan Cóndor de los 70, también conocido como Operación Cóndor, incluía operaciones de inteligencia y asesinatos de opositores. Fue implementado en noviembre de 1975 por los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.

“Esta organización, que siempre mantiene el núcleo del clan mafioso compuesto por Jeanine Añez, Luis Fernando López y Arturo Murillo, se asemeja a la estrategia del Plan Cóndor de los 70, donde varios países cooperaban regionalmente para la represión”, apuntó Del Castillo.

La autoridad dejó en claro que con el préstamo de proyectiles, granadas y gases se vulneró la soberanía de los países y de los procedimientos porque se usó la cooperación regional para la represión.

“Esperamos que el Gobierno ecuatoriano coopere con la investigación de lo que pasó esos días en Bolivia para dar con la verdad histórica del golpe de Estado. Bolivia jamás se metió en conflictos de otros países ni envió material. Siempre precautelamos la soberanía de los países y nunca un gobierno democrático enviará granadas y proyectiles”, afirmó.

La compra con sobreprecio

A finales de 2019, Arturo Murillo, Luis Fernando López, Sergio Méndez, Luis y Bryan Berkman, y Philip Lichtenfeld, entre otros, le robaron $us 2,3 millones al Estado.

Como no sucedía en anteriores administraciones gubernamentales, dispusieron, previo acuerdo de sobornos, que la compra del armamento no letal para policías y militares sea mediante intermediario.

El gobierno de Jeanine Añez firmó tres decretos y la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS) compró dicho material de la compañía brasileña Cóndor por $us 3,3 millones.

Dos días después revendió a Bolivia lo comprado y cobró $us 5,6 millones.

Ese dinero fue enviado a bancos de Estados Unidos en dos partidas y luego retornó a las cuentas de los miembros del clan mafioso.

Los $us 2,3 millones que robaron al Estado se repartieron entre todos.

 

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