La Educación Superior y la Nueva Constitución

Es un desafío central para nuestro país contar con un sistema educacional público que cuente con los recursos financieros y económicos para su desarrollo: infraestructura, gestión, procesos formativos, capacitación, investigación, extensión, vinculación con el medio, etc.

Margarita Makuc Sierralta.Licenciada en Literatura y Ciencias del Lenguaje, Magister en Lingüística. Universidad de Magallanes. 09/2021. El debate que hoy día opone la educación superior privada versus la educación pública, en el marco de los desafíos de la Nueva Constitución constituye una polémica infructuosa. Lo central en la Carta Magna dice relación con la urgencia de consagrar por una parte, el derecho a la educación como un derecho social e inalienable de las personas; por otra parte, que el Estado es el responsable principal de garantizar que éste se materialice mediante un sistema educacional público y gratuito desde la educación inicial hasta la universitaria. Este sistema debiera estar organizado en función de asegurar las trayectorias educativas de los estudiantes en todo el país.

Es, por tanto, un desafío central para nuestro país contar con un sistema educacional público que cuente con los recursos financieros y económicos para su desarrollo: infraestructura, gestión, procesos formativos, capacitación, investigación, extensión, vinculación con el medio, etc. Desde esta perspectiva, la educación pública se consagra como motor del desarrollo social, económico, tecnológico, científico, cultural, artístico y los esfuerzos apuntan a que los estudiantes sean parte activa de dicho desarrollo y a la vez tengan acceso a oportunidades equitativas de desarrollo personal.

Desde la Constitución de 1833, se establece que la educación es “Atención preferente del gobierno”, posteriormente, la Constitución de 1925 establece que la Educación pública es una “atención preferente del Estado”, el quiebre de esta tradición en la historia de la educación chilena, se expresa en la Constitución de 1980, la cual establece en el numeral 10 del Art. 19: “La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población (…) Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación”. En la práctica en este artículo se libera al Estado de su responsabilidad respecto de la educación superior de los estudiantes, dado que no la considera obligatoria, un argumento recursivo y falaz, pues el hecho de no ser obligatoria no implica que no pueda ser responsabilidad del Estado financiar un sistema público y gratuito de educación superior. Al mismo tiempo, traspasa “tácitamente” a los privados este deber señalando: “Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación”. En esta transición no sólo se erradica la concepción de educación pública como un derecho social que le pertenece a la persona, sino que además el Estado pierde su rol histórico de  garante de este derecho, puesto que su función se reduce a la de “colaborador”.

En otras palabras, en Chile, con la Constitución de 1980, transitamos hacia un Estado donde la subsidiaridad en la educación y las reglas del mercado regulan la tarea educativa y el acceso a la educación en función de la oferta y la demanda. De esta concepción mercantilista, se deriva la realidad de miles de estudiantes (900 mil aprox.) que hoy día se encuentran endeudados por sus estudios de educación superior. Esta realidad, que afecta a estudiantes tanto del sistema público como privado, es enfrentada mediante la promulgación de la Ley 21.091 que crea un mecanismo permanente de financiamiento estatal, de hecho la gratuidad en instituciones de Educación superior (Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica) permite a 395.171 mil estudiantes continuar estudios superiores.

La Reforma Educacional permitió no sólo atenuar los efectos del modelo neoliberal y del mercado introducidos en el sistema de educación superior, sino que además generar mecanismos concretos de justicia educacional. Hoy día en un contexto de redacción de una Nueva Constitución queda por refrendar a la Educación Superior Pública como un derecho de todos los estudiantes, permitiendo con ello asegurar las trayectorias educativas y garantizando un sistema de educación superior público y gratuito. La norma constitucional debe ser explícita en indicar que el Estado debe organizar, financiar, administrar y asegurar la existencia de una provisión educativa pública, desde la educación parvularia hasta la superior. Para fortalecer esta concepción de educación es fundamental que la Constitución esté en consonancia con los pactos internacionales, en tanto la propia Declaración Universal de DDHH establece que los Estados reconocen el derecho de toda persona a la educación. Asimismo, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales al cual nuestro país suscribe establece que la educación es un derecho social de toda persona y debe ser asegurado por el Estado.

En definitiva, lo esencial e ineludible en cualquier debate debe ser avanzar en cambios sustantivos que permitan superar las actuales inequidades en acceso a la educación superior asegurando trayectorias educativas mediante un sistema público, gratuito y de calidad y con ello recuperar el sentido histórico de la Educación pública chilena.

 

 

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