Crítica situación de la Secretaría Administrativa de la Convención

Convencionales de pueblos originarios exigieron la renuncia del secretario ejecutivo, Francisco Encina, y expresaron que de no cumplirse con peticiones hechas respecto al funcionamiento de la Convención Constitucional (CC), “se pone en riesgo la asistencia y participación de las primeras naciones en la ceremonia de instalación”. Marcos Barraza, convencional del PC, cuestionó esa unidad creada por el Gobierno de Sebastián Piñera sin consulta a los convencionales, y enfatizó que “hay que revisar las medidas que adoptó y discutir entre los constituyentes cuál es la unidad administrativa que queremos”. Un momento tenso a cinco días de que se instale la Convención. Fuerte cuestionamiento a ese organismo y a Encina por entregar la seguridad de la CC a un ex guardia de Pinochet y gastar elevado monto en ese ítem.  

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 27/06/2021. Integrantes de la Convención Constitucional (CC) están exigiendo la eliminación o el cambio de la Secretaría Administrativa de ese organismo, creado por el Gobierno de Sebastián Piñera sin consulta a los convencionales, y la renuncia de su secretario ejecutivo, Francisco Encina.

Esta situación tensa y crítica se produce a solo cinco días de que se instale la Convención y podría generar un episodio que manche la ceremonia de inicio del organismo encargado de redactar la nueva Constitución chilena.

Entre los cuestionamientos están que Francisco Encina dio la espalda a peticiones planteadas por los convencionales de pueblos originarios, defendió la contratación de un ex guardia del dictador Augusto Pinochet para que esté a cargo de la seguridad de la Convención y los convencionales, destinó pocos recursos al área de participación, realizó licitaciones que no comparten integrantes de la CC, y ha tomado relevancia sobre qué se hace, cómo se hace y qué no se hace en la entidad que confeccionará la Carta Fundamental.

Además, hay críticas y desconfianzas porque Encina es militante del derechista partido Evópoli, y es de la confianza absoluta del ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, militante del también partido de derecha, Renovación Nacional. Esto algunos lo toman como una intervención solapada de La Moneda en el funcionamiento de la CC.

El organismo que hoy está cuestionado, y que podría, paradójicamente, empañar la partida de la Convenció, fue creado vía el Decreto 4, firmado por el Presidente Sebastián Piñera, que establece la conformación de “la Unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional”, dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y que tiene “la función de coordinar el apoyo técnico, administrativo y financiero en la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional”.

De acuerdo a eso, tiene gran poder en el uso de los recursos financieros e incidencia en la CC, ya que está a cargo del “pago de la retribución mensual de los Convencionales Constituyentes y los honorarios a suma alzada y remuneraciones en general del personal necesario para su funcionamiento”, así como de “gestionar las compras y la suscripción de contratos y convenios con instituciones públicas o privadas, tanto para la instalación y habilitación de infraestructura, como los bienes y servicios para el funcionamiento de la Convención Constitucional”. Además, debe “procurar poner a disposición de la Convención Constitucional la infraestructura y los recursos técnicos, tecnológicos y humanos necesarios para su instalación, funcionamiento y sesiones, para lo cual deberá coordinarse con dicha Convención, una vez que ésta se instale, y con las instancias que de ella dependan”.

Específicamente en ese último punto, el proceso está marchando mal, con un choque entre convencionales y Francisco Encina y el equipo de la Secretaría Administrativa.

“Hay que revisar” esta Secretaría

Marcos Barraza, convencional del Partido Comunista (PC) y ex ministro de Desarrollo Social, sostuvo que “hay que revisar las medidas que adoptó la unidad administrativa y discutir entre los constituyentes cuál es la unidad administrativa que queremos”.

Respecto a decisiones de la Secretaría Administrativa, como definir el gasto del ítem de participación en la Convención (para la vinculación de la sociedad civil con las y los convencionales), que fue encontrado bajo por la mayoría de los convencionales, y el contrato con una empresa privada de seguridad, Barraza dijo que “tengo la impresión que las licitaciones que está disponiendo la actual unidad administrativa, más bien tienen el carácter de amarre”. Y añadió: “Probablemente nos vamos a encontrar con cosas que no nos gustan y vamos a tener que ver cómo se corrigen”.

El convencional del PC insistió en que la Secretaría Administrativa no estaba contemplada en la reforma constitucional respecto a la Convención y fue una determinación el Gobierno de Piñera. “El gobierno anunció la creación de una ‘unidad administrativa’, que es distinta a la secretaría técnica. Esa unidad no figura en la legislación, en la reforma, sobre la Convención. Esa unidad se ha conocido más en los medios estos días, a propósito de la activación de licitaciones”.

Marcos Barraza planteó que esto se da en el marco de “interpretaciones del Gobierno muy ad hoc a sus intereses, y por eso son más las incertidumbres respecto al funcionamiento administrativo de la instalación de la Convención, que las certezas desde el punto de vista del interés popular”.

20 convencionales indígenas exigieron renuncia de Encina

Este domingo se supo de una declaración de convencionales de pueblos originarios, que apunta directamente a la Secretaría Administrativa y a su secretario ejecutivo, Francisco Encina, por negarse éste a peticiones realizadas por las y los representantes indígenas.

Todo está en un punto complicado, porque esos integrantes de la Convención advirtieron que de no cumplirse con las peticiones “se pone en riesgo la asistencia y participación de las primeras naciones en la ceremonia de instalación”.

Además, exigieron “la renuncia inmediata del secretario ejecutivo de la Convención Constitucional” por su falta de consideración y respeto a las y los convencionales indígenas, a pesar de que Encina se debe a los integrantes de la CC en sus funciones. Apuntaron que en ese puesto debería estar alguien que “materialice los principios de buena fe, transparencia, buen trato, y diálogo intercultural, que son requerimientos mínimos en para el relacionamiento entre naciones originarias y el Estado”.

La declaración fue firmada por 20 representantes de pueblos originarios, entre ellos, Elisa Loncón, que asoma como posible presidenta de la Convención Constitucional.

Se informó que hubo reuniones de trabajo con Encina para solicitar y acordar cuestiones logísticas, administrativas, individuales y colectivas en el marco de la instalación y funcionamiento de la Convención, a lo que el funcionario dependiente de la Segpres se negó. Se expresó en el comunicado público que “desde el momento de nuestra elección como constituyentes hemos realizado reuniones y comunicaciones con el gobierno de Chile, en especial con don Francisco Encina Morales, para efectos de poner a su disposición los requerimientos individuales y colectivos que tenemos”. Pero no se avanzó.

Se hizo ver, por ejemplo, que la machi Francisca Linconao hizo peticiones como autoridad ancestral. “En el ejercicio de su cargo en la Convención, como autoridad ancestral del pueblo nación Mapuche, exige consideraciones mínimas dada su rol de autoridad ancestral, que responden al ejercicio de derechos culturales y lingüísticos. Puntualmente, debe ser acompañada por su Zugu Machife y por su Yancan, quienes no son asesores, sino personas que deben acompañar a la machi en su calidad de autoridad ancestral”, se apuntó.

Asimismo, en el caso de la convencional aymara, Isabella Brunilda, se planteó realizar la ceremonia ancestral Phawa y se precisó que “para esta ceremonia, es fundamental la dualidad de ‘chacha warmi’ (pareja). Además, para hacer esta rogativa se requiere contar con la hoja de coca y demás elementos rituales. El gobierno debe dar todas las facilidades para la realización de la ceremonia ya que es la forma en que el pueblo Aymara pide permiso a la pachamama (madre tierra), tata willka (padre sol), mallkus y t’allas (cerros protectores), y a los ancestros para que el trabajo de la convención sea fructífero y en armonía de todos los pueblos”.

También los convencionales manifestaron que “hemos requerido constantemente que la Secretaria Técnica ponga a nuestra disposición interpretes de nuestros idiomas durante toda la ceremonia de investidura y en general durante la Convención Constitucional”.

De acuerdo a la declaración de las y los 20 convencionales, Francisco Encina, “mostró una falta de voluntad en el cumplimiento de compromisos adquiridos en reuniones previas con el ministro y el subsecretario de la Segpres, demostrando su falta de capacidad de diálogo intercultural, preparación técnica y desconocimiento en materia de interculturalidad y respeto a los derechos de las primeras naciones”. Se agregó que se comprobó finalmente “su nulo compromiso por cumplir con los estándares mínimos garantizados de participación de las primeras naciones en el proceso constitucional”.

Y se enfatizó: “Exigimos la renuncia inmediata del secretario ejecutivo de la Convención Constitucional, que el Estado de Chile, a través del gobierno, nombre a un nuevo secretario (a) ejecutivo de comprobada idoneidad  (y) se cumplan nuestros requerimientos de manera inmediata”.

Guardia de Pinochet y censura en transmisiones

Hace pocos días, la Secretaría Administrativa y el propio Francisco Encina, fueron parte de una controversia, después de que el portal informativo CiperChile, publicara un reportaje donde se evidenció que ese organismo licitó lo referido a servicios de seguridad para la Convención Constitucional, adjudicando la labor a la empresa INCAR Seguridad, “dirigida por un ex carabinero que integró el Grupo Guardia Presidencial” del dictador Augusto Pinochet.

En definitiva, un antiguo integrante de Carabineros (Luis González Pérez), institución altamente cuestionada por la mayoría de los convencionales por la participación en sucesos de violaciones a los derechos humanos, y escolta de Pinochet, también repudiado por la mayoría de convencionales, estará a cargo de protegerlos y velar por su seguridad.

Respecto a eso, el Gobierno de Piñera y específicamente la Segpres no han tomado alguna resolución, en un tema que también enrarece la instalación de la Convención.

INCAR Seguridad recibirá 488 millones de pesos por sus servicios. Esto también es cuestionado, ya que esa cifra casi iguala los 500 millones de pesos destinados a participación en la Convención.

Para rematar los cuestionamientos, el reportaje de CiperChile reveló que “los registros de la Dirección del Trabajo indican que en los últimos cinco años INCAR acumula 197 sanciones por incumplimientos laborales, tales como no pago de remuneraciones, no otorgar descansos durante la jornada de trabajo, no pagar asignaciones, reducir el salario sin acuerdo entre las partes y no otorgar el descanso de dos domingos al mes”.

Otro ámbito de tensión con la Secretaría Administrativa, es que en la contratación y determinación de las transmisiones televisivas de la CC, se instruyó que “no se permite transmitir contenido que no haya sido expresamente autorizado por el Ministerio (Secretaría General de la Presidencia)”.

Frente a todo este cuadro, la ex candidata presidencial y convencional electa por el Frente Amplio, escribió en Twitter: “Una y otra vez el gobierno de @sebastianpinera interviene la autonomía de la Convención Constitucional. Hoy conocemos esta adjudicación para seguridad por 500 mills, lo mismo que quieren destinar a participación. Buscaremos revisar todas las licitaciones hechas. ¡Inaceptable!”.

En tanto, el abogado y convencional Jaime Bassa, expresó que esta situación es inaceptable, “igual presupuesto para participación y seguridad, licitado a una empresa llena de denuncias laborales. Más encima, el Gob. pretende visar qué debates se transmiten o no. Vamos a revisar todas estas licitaciones, en defensa de la transparencia y participación”.

Daniel Stingo, convencional y panelista del matinal de “La voz de los que sobran”, sostuvo que toda esta situación es “impresentable” y aseveró que “va a ser un tema en los primeros días de la reunión de los convencionales. No lo vamos a aceptar. Que se los lleven a La Moneda, no los queremos acá”.

Los convencionales de la derecha y sectores conservadores no se pronunciaron respecto a ninguna de estas materias, aunque extraoficialmente se sabe que están apoyando todas las medidas que tome el Gobierno, la Segpres y Francisco Encina.

Quedan cinco días y se levanta una incertidumbre en torno a esta Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, que según el Gobierno y el Presidente Piñera era para facilitar las cosas y colaborar con los convencionales, para cada día que ha pasado el camino va hacia otro lado.

(El Siglo es Soberanía Informativa. Información para el Conocimiento. Por ello es generador de contenidos que contribuyen al análisis, el debate, la profundización temática)

 

 

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