Chile 2021-2022: Recuperar nuestras riquezas y recobrar nuestra dignidad

Quizás, este es el mejor momento y ejemplo para advertir al país de la paradoja en la que nos encontramos, y de lo que está en juego en el actual debate legislativo, y que seguirá estando en el debate de la nueva Constitución. Me refiero a la nacionalización de nuestros recursos naturales y a distribución de sus riquezas.

Rubén Moraga Mamani. Diputado por Tarapacá. 27/04/2021. Con recurrir al Tribunal Constitucional, el gobierno ha empantanado la posibilidad de que chilenos y chilenas tengan acceso a un monto de emergencia proveniente de sus propios fondos de AFPs. De esta forma, Piñera ha dejado en suspenso y demora la esperanza de millones de familias que necesitan apoyo monetario en el más corto tiempo posible.

Todos y todas están conscientes que dicho retiro mermará las pensiones de los trabajadores y trabajadoras, pero frente a un Estado incapaz y ausente ¿qué más se puede hacer? Hemos llegado a esta situación porque el Estado dice no contar con los recursos para realizar un aumento de la cobertura y en los montos de las transferencias monetarias. En consecuencia, se sigue manteniendo la focalización como principio orientador de las políticas públicas, desechando la opción de la universalidad de la protección social en esta situación de catástrofe.

Quizás, este es el mejor momento y ejemplo para advertir al país de la paradoja en la que nos encontramos, y de lo que está en juego en el actual debate legislativo, y que seguirá estando en el debate de la nueva Constitución. Me refiero a la nacionalización de nuestros recursos naturales y a distribución de sus riquezas.

Chile es un país rico, cuyas principales riquezas se encuentran en manos de grupos privados que pagan una mínima o nula tasa impositiva por la propiedad o la explotación de nuestros recursos naturales. Forestales, pesqueras y mineras se llevan toda la riqueza del país sin dejar más que suelos áridos, sequía, contaminación y desigualdad social.

Si bien el año 2020 hubo un descenso en la productividad debido a la situación de pandemia, las tres áreas estratégicas de nuestra economía continuaron otorgando grandes beneficios en favor de un reducido número de grupos económicos, quienes, en su mayoría, aparecen en el último informe de la revista Forbes como los más ricos del mundo.

Como ejemplo, la minería representa cerca del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que en el año 2020 significó un aporte a la producción nacional de US$25.200 millones, pero de eso tan solo US$2.873 millones fueron a dar a las arcas fiscales, de los cuales, US$1.575 millones son aportados por los grupos privados, los otros US$1.298 millones son aportados por CODELCO, la única minera estatal. Es decir, el aporte de los grupos mineros privados a la economía fiscal es burlesco. Algo muy similar ocurre con el sector de la pesca y la silvicultura.

Por otra parte, mientras el PIB del año 2020 fue de US$252.000 millones, el gasto fiscal del año correspondió a US$78.000 millones, cuyo principal componente fue el IVA. Es decir, mientras los trabajadores y trabajadoras sostienen el gasto fiscal con el consumo y adquisición de bienes y servicios, los dueños de las riquezas del país aportan mezquinamente, pero acrecientan significativamente sus cuentas bancarias. Esto no puede continuar.

Actualmente se tramita en el Congreso Nacional el impuesto a los súper ricos, la nulidad de la ley de pesca y el royalty a la minería, medidas que aspiran -en algo- a recomponer nuestra dignidad nacional, pero todas son propuestas que, de no contar con la necesaria y justa movilización social, dormirán el sueño de los justos, o terminarán en el Tribunal Constitucional. De igual manera, el debate de la nueva Constitución debe contemplar la recuperabilidad de nuestros recursos naturales, reponer la iniciativa del Congreso, y establecer la iniciativa popular de ley, como mecanismos para legislar en esas materias, que vemos como únicas formas de recobrar nuestra dignidad nacional ante un gobierno representante de los ricos y poderosos, y ante una constitución que asegura legalidad para que los ricos se hagan más ricos, y los pobres más pobres.

 

 

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