Bárbara Sepúlveda: «Consejo para la Transparencia avala falta de transparencia»

Así lo señaló la abogada constitucionalista Bárbara Sepúlveda, que es candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 9, al comentar una recomendación de esa entidad en cuanto a que puedan existir sesiones reservadas durante el trabajo de las y los convencionales. “No hay tema alguno que deba quedar en reserva, ajeno a la ciudadanía”, aseveró, y enfatizó que “este es un momento político demasiado importante para que repliquemos prácticas de discusiones reservadas, de negociaciones entre cuatro paredes, de ‘la cocina’” como sucede en el Parlamento. En otro tema que cruza el futuro de la Convención, la profesional sostuvo que “cuando dicen que los dos tercios permiten los grandes consensos, no es verdad. Los consensos en las democracias no se producen con quórum supra mayoritarios”. Apuntó que “el proceso constituyente debe ser una muestra de esa democracia que queremos construir”.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 23/04/2021. Bárbara Sepúlveda Hales es abogada constitucionalista y como tal tiene muchos textos escritos y participa en diversidad de foros y paneles en medios de prensa y en espacios ciudadanos. Es titulada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Público de esa casa de estudios y tiene un magíster en Género por la London School of Economics and Political Science. Ahora es candidata a convencional por el Distrito 9 que contempla las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca. Esta militante del Partido Comunista (PC) se postula por la lista de Apruebo Dignidad.

En entrevista abordó temas espinudos como la propuesta de que algunas sesiones de la Convención Constitucional sean reservadas, sin acceso público, la insistencia en eliminar el quórum de 2/3 para aprobar contenidos de la nueva Carta Fundamental, y la participación de la gente en el proceso constituyente.

Se conoció que el Consejo para la Transparencia abriría la opción, como recomendación o postura, que frente a algunos temas o causales específicas, algunas sesiones de la futura Convención Constitucional podrían ser privadas. Sin conocimiento de la opinión pública. ¿Cuál es su posición respecto a eso?

Estoy en desacuerdo con esa recomendación del Consejo para la Transparencia. Está basada en opiniones que se recogieron de distintos constitucionalistas y ahí hay una intencionalidad de establecer espacios de negociaciones reservadas, que tienen como única finalidad no expone a ciertos convencionales al escrutinio del público. Me parece una posición bien mezquina de establecer espacios de negociación reservada, en un momento democrático como este, con una crisis política y de institucionalidad, donde la ciudadanía cuestiona muchísimas prácticas de la vieja política. Una de ellas es la reserva, los secretos, lo escondido, y que la gente lo entiende como “la cocina”, de parte de personeros políticos. Me parece una mala señal que el Consejo para la Transparencia haga recomendaciones que, se supone son técnicas, pero en realidad son de índole político.

¿Según usted no hay ningún tema que debería ser reservado en los trabajos de la Convención?

Ninguno.

¿Ninguno, a pesar de que se trata de algo sensible como es redactar una nueva Constitución?

No hay tema alguno que deba quedar en reserva, ajeno a la ciudadanía, que deba zanjarse entre cuatro paredes sin que la gente tenga acceso, en el momento que se está discutiendo. Porque algunas personas hablan de negociaciones reservadas para que luego se liberen las actas de las discusiones, lo que significa cerrarle la puerta a la ciudadanía para que conozca lo que se discute en la Convención. Nosotros pensamos que debe haber información a la ciudadanía y una participación importante de la ciudadanía, vinculante. Eso significa aislar a la ciudadanía de los procesos deliberativos.

Paradójicamente el Consejo para la Transparencia no opta por total transparencia en la Convención Constitucional.

Hoy, uno esperaría que juegue un rol mucho más activo, además comprendiendo cuál es la situación y el contexto político en Chile. Porque esto no se produce en un momento de tranquilidad institucional, y por lo tanto replicar ciertas prácticas, como las que suceden en el Congreso, como lo que sucedió esa noche del 15 de noviembre (2019), cuando se firma un acuerdo entre cuatro paredes, entre algunos sectores, no todos.

Por eso le digo que me parece una mala señal del Consejo para la Transparencia estar recomendando espacios de discusión reservada, cuando lo que se necesita es dar una señal potente de transparencia probidad. Si hay algo delicado que discutir, se hay un tema complejo, se puede discutir de cara a la ciudadanía. En esto, creo que hay un poco de paternalismo en torno al rol político de la ciudadanía. Hay personas que creen que la gente no entiende los procesos de la política y por lo tanto no va a entender que alguien cambie de opinión, o sobre algún tema sensible, o cuando hay alguna negociación. Yo creo que no hay que tenerle miedo a la ciudadanía, la gente entiende la complejidad de lo que enfrentamos, y van a haber cuestiones difíciles donde se va a requerir dialogar mucho, conversar, en algunos casos negociar. No me parece que eso se deba hacer en reuniones reservadas, encerrados, sin que la gente sepa lo que está pasando. Pero hay personas que le tienen miedo a la ciudadanía, la tiene miedo al escrutinio ciudadano. Y se está tratando de institucionalizar eso, lo que me parece absurdo.

Este es un momento político demasiado importante como para que repliquemos esas prácticas de discusiones reservadas, de negociaciones entre cuatro paredes, de “la cocina” entre algunas personas, que es replicar lo que pasa en el Congreso.

Ahora, ¿esto finalmente lo debe discutir y definir la Convención?

Sí, por supuesto. Se tendrá que discutir en la Convención y en torno al reglamento. Lo que me preocupa es que están tratando de institucionalizar una práctica política, es una costumbre, de hacer cosas en reserva. “La cocina” no es algo que esté institucionalizado, pero hoy buscan ponerlo en el reglamento, ese es un objetivo. Y me parece lamentable que el Consejo para la Transparencia se preste para avalar la falta de transparencia, cuando no hay ninguna evidencia real que justifique esas reuniones reservadas, solo hay especulación.

Algunos sostienen que habría presiones y que esas presiones harían imposible el trabajo de los convencionales, pero son especulaciones. Si se pregunta cuál es el problema real, la razón de poner temas en reserva por parte de algunos, creo que no hay otra que tener miedo a lo que la gente les pueda decir a los convencionales, de temer a la ciudadanía, de no querer que la gente sepa qué posiciones se plantearon, de ver comprometida y perjudicada su imagen. La solución no es esconderse, todo lo contrario, la solución es ser más transparentes aún, explicarle a la gente lo que uno está planteando o proponiendo.

Hoy es una oportunidad de sanear la política, y en eso nosotros promovemos la transparencia y la probidad. A diferencia de algunos que no quieren terminar con viejas prácticas y que esas prácticas se institucionalicen a través de un reglamento dentro de la Convención. Esa es la peor opción, y nos hemos opuesto como lista Apruebo Dignidad y como Partido Comunista.

Usted mencionó el acuerdo entre algunas fuerzas políticas el 15 de noviembre de 2019. Luego vino la reforma y por mayoría, es decir, no con el consenso de todos los partidos, en el Congreso se instalaron normas o características de la Convención. De ahí salió el quórum de dos tercios para aprobar los contenidos de la nueva Carta Magna. El Partido Comunista sigue planteando que hay que eliminar los dos tercios y se le acusa de no respetar los acuerdos.

En esas afirmaciones hay un cinismo interesado. No es cierto que las reglas del 15 de noviembre o de la aprobación en el Congreso se hayan mantenido incólumes desde el inicio, de hecho hasta posterior del plebiscito del año pasado se incorporaron nuevas reglas para el proceso constituyente, como los escaños reservados para pueblos indígenas, mejoras para la postulación de candidaturas independientes, alivianando cierta carga que tenía. Teniendo la voluntad política todo se puede arreglar, cambiar, como se hizo. Por ejemplo, que hoy tengamos un proceso paritario, no es porque en el acuerdo de noviembre del 2019 se haya pactado la paridad, no hubo una palabra respecto a la paridad, a la participación equitativa de las mujeres, pero se logró hacer el cambio y tenemos un proceso paritario. Y nadie habla de no respetar acuerdos. Se hacen muchos cambios pero se mantienen los dos tercios…

A mí me parece que en esto hay un interés de un sector, y el interés, que hemos tratado de evidenciar, es que les es muy cómodo un quórum supra mayoritario, cuando sabemos que se trata de un sector reducido en la política que además se opuso a este proceso constituyente. Votaron en contra de la nueva Constitución, le dijeron no al proceso constituyente, promovieron el Rechazo en el plebiscito y ahora quieren ese quórum supra mayoritario que es del todo antidemocrático. Tratar de revestirlo con un relato democrático, suena muy forzado.

Cuando dicen que los dos tercios permiten los grandes consensos, no es verdad. Los consensos en las democracias no se producen con quórum supra mayoritarios, todo lo contrario. Lo común en los quórum democráticos es tener mayorías absolutas, mayorías simples, e incluso hasta diría que tener quórum de tres quinto. Pero dos tercios, evidentemente no es un quórum democrático.

Fernando Atria planteó que ahí donde se quiera aplicar o aplique los dos tercios, se plebiscite el tema o el texto. ¿Está de acuerdo con eso?

Creo que es una buenísima alternativa pensar que hay un mínimo, que hay un margen de movilidad en que podemos aceptar que se trata de un acuerdo que tenga apoyo mayoritario. Por ejemplo, habiendo pasado un quórum, supongamos que lo definimos en cuatro séptimos, o tres quinto, habiendo superado ese quórum, pero no habiendo logrado los dos tercios, esa materia debe plebiscitarse en el plebiscito de salida o hacer una consulta ciudadana durante el proceso constituyente. Eso me parece que son opciones viables, y además presentaría una apertura democrática en un proceso que hoy día tiene una serie de mecanismos que coartan la libre decisión soberana de la ciudadanía. Por ejemplo, eso de tener un plebiscito de salida, que vote en bloque el texto constitucional, en vez de votarlas por capítulos o por artículos, o aquellas partes donde hubo una fuerte discusión y no se llegó a un quórum, me parece que sería lo más democrático llevar a la ciudadanía este debate, y que sea la ciudadanía la que decida. Pero eso es algo a lo que la derecha se opone, no quiere trasladar este debate a la participación ciudadana. La derecha está por el quórum supra mayoritario.

No creo que el obstáculo de la participación está solo en los dos tercios, en el quórum supra mayoritario, ni que se están oponiendo a tener una transparencia absoluta, sino que también hay riesgos claros en cómo generamos un vínculo con la ciudadanía en torno a su representación con su voz, en la deliberación, dentro del proceso constituyente. La derecha se va a oponer a todas estas normas que ayuden a la participación. Por eso buscan replicar cierta lógica de funcionamiento del Congreso, ellos ya plantearon ese funcionamiento como el ideal, el deseable, sin tener una consideración crítica respecto a lo deslegitimado que está el Congreso. Sería provechoso para un proceso constituyente y que mantenga su legitimidad, porque se separa de ese tipo de mecanismos y prácticas que ya están institucionalizadas en el Congreso. Y que la gente las reprueba.

Hay muchos riesgos. La derecha ha planteado en todos estos debates sobre participación, transparencia y probidad cuestiones que me parecen bastante preocupantes, evitando tomar medidas que apunten a que sea un proceso realmente democrático y transparente, como esas recomendaciones de hacer discusiones del nuevo texto constitucional de manera reservada, sin que la gente sepa qué se dijo y quién lo dijo.

¿En definitiva, hay un desafío de la Convención en torno a garantizar transparencia, probidad y participación?

Por supuesto. No hay nada seguro. Por eso son tan interesantes todas las plataformas e iniciativas que se han desarrollado. Por ejemplo, las candidaturas de Apruebo Dignidad y del Partido Comunista, estamos alineadas con la red para la participación ciudadana, hemos levantado la plataforma que se llama Constitución Abierta, y que se refieren precisamente a los mecanismos de participación vinculante, de incidencia ciudadana en el proceso constituyente, porque no estamos de acuerdo en cerrar las puertas, no estamos de acuerdo con sesionar entre cuatro paredes, y sin escuchar a la gente.

Creemos que la probidad y la transparencia deben estar en el centro del proceso, porque hoy día el proceso constituyente nos abre la posibilidad para generar un cambio en el quehacer político y en la percepción que tiene la gente sobre el quehacer político.

Si no damos señales correctas en este momento, difícilmente vamos a poder avanzar  hacia una nueva democracia. Pensar una democracia que no tenga elementos participativos, sería un error. Por tanto, el proceso constituyente debe ser una muestra también, en su misma práctica constituyente, de esa democracia que queremos construir. Una democracia que no le tiene miedo a la ciudadanía, sino que la incorpora como un actor principal dentro del quehacer político. Por lo tanto, en el proceso constituyente es importante cómo nos relacionemos, cómo tomemos decisiones, quiénes toman decisiones, que se participe, y cómo se respete a las reales mayorías. En esto habrá una señal respecto al futuro del país que queremos construir, donde la política juega un rol principal, y que una nueva política permita que la gente salga de la desafección en la que se encuentra en torno de los políticos y de la política.

 

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